Presentan controversia contra el retorno del Ejército a tareas de seguridad pública
Laura Rojas, Presidenta de la Cámara de Diputados, presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del decreto presidencial que permite a las Fuerzas Armadas volver a realizar tareas de seguridad pública hasta finales del mes de marzo del año 2024.
De acuerdo con la panista, este proceso se inició luego de un cuidadoso análisis, además de haber consultado a especialistas y organizaciones de la sociedad civil, así como de tomar en cuenta los pronunciamientos que hicieron en torno al tema la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU.
“Considero que existen razones fundadas para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, mediante una controversia, revise la constitucional del acuerdo”, comentó la diputada, quien se basó en las facultades que le otorga el artículo 233 del reglamento de la Cámara de Diputados para presentar dicha acción.
Rojas recordó que, en mayo de 2019, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, acordaron reformar la Constitución con el fin de establecer un nuevo régimen jurídico para resolver la crisis de seguridad pública, el cual derivó en la creación de la Guardia Nacional.
Este nuevo cuerpo policial se concibió como una institución de carácter civil, disciplinado y profesional, cuya misión es la de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de la población, además de contribuir a la generación y preservación del orden público y de la paz social.
En este sentido, dijo que la controversia presentada expone las razones por las cuales consideró que el decreto se aleja de los parámetros establecidos en la Constitución en términos de seguridad, “dejando de nuevo al Ejército y la Marina sin un marco jurídico que le dé certidumbre a su actuación”, se puede leer en el comunicado.
El objetivo de esta controversia, apuntó Laura Rojas, no es el de cuestionar la facultad del presidente López Obrador para disponer de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad pública, sino cerciorarse “que cumpla con los criterios que establece la Constitución y, con ello, asegurar que sus acciones para otorgar seguridad sean efectivas y estén sólidamente ancladas en la legalidad”.
Cabe recordar que desde que anunció este decreto presidencial, el jefe del Ejecutivo ha recibido importantes críticas, pues organizaciones civiles y comentaristas de la vida política del país mencionar que una medida de estas características era incongruente en relación a sus promesas electorales en torno a sacar al Ejército de las calles.
