Organizaciones civiles en defensa de los derechos de los niños y adolescentes solicitaron a la PGR atraer el caso de maltrato, abuso y prostitución denunciado en los albergues Ciudad de los Niños, en Guanajuato. 

En conferencia de prensa conjunta, la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, y el Centro de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato, NIMA, exigieron echar abajo el «fuero clerical» y detener al sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, a quien se señala como principal responsable de las humillaciones y vejaciones a más de 100 menores instalados hasta hace unas semanas en sus 3 albergues en Salamanca. 

El pasado 17 de marzo, la juez Karla María Macías Lovera, del juzgado Noveno de Distrito en Irapuato, resolvió un juicio de amparo interpuesto por Gutiérrez Farías, en representación de una niña del albergue, para mantenerla dentro de sus instalaciones. Al rechazar la solicitud, la juzgadora instruyó a autoridades estatales indagar posible colusión de dependencias locales en el caso y determinó que la sentencia y garantías de la niña aplicaban para todos los otros menores internados en los refugios señalados.

De acuerdo con el portal Zona Franca, una denuncia anónima en 2016 desató la indagatoria en Ciudad de Niños. En el expediente se consignan testimonios de menores y padres sobre la forma en que Gutiérrez Pérez y sus colaboradores «castigaban» con palazos a los niños refugiados. El cura también habría encabezado rondas de tocamientos y abuso sexual en contra de  los menores.

Gutiérrez Farías dirige los refugios de la Ciudad de Los Niños en Salamanca desde 1978. Otros dos espacios con el mismo propósito fueron establecidos en Irapuato y Morelón, así como en la capital del estado, Morelia. Entre las irregularidades detectadas por la jueza Macías se encuentran los procesos de adopción exprés para parejas de EU y Canadá, registro de niños cuyos padres cedieron patria potestad al sacerdote e indagatorias estatales truncas sobre las denuncias.

En la conferencia de esta tarde, el director general de REDIM, Juan Martín Pérez García, alertó de la posible impunidad con que las autoridades de Guanajuato han conducido el caso por los presuntos vínculos del sacerdote señalado con personajes de alto nivel político, como el expresidente Vicente Fox y el senador Juan Carlos Romero Hicks.

En ese sentido, el activista afirmó que la PGR debe seguir el ejemplo de instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de ejercer sus facultades de atracción para intervenir en el proceso y acelerar la presentación de denuncias por parte de las víctimas.

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