Un total de 25 estados de Estados Unidos presentó una demanda contra la Administración del presidente Donald Trump por la reciente imposición de aranceles a productos importados de 60 países y economías, al considerar que la medida es ilegal y afectará a consumidores y empresas con un aumento en los precios.
La querella fue promovida por los fiscales generales de estados como Nueva York, Arizona, California, Colorado, Nueva Jersey y Minnesota, además de los gobernadores de Kentucky y Pensilvania, quienes sostienen que el Gobierno federal excedió sus facultades al imponer estos gravámenes.
El conflicto surge luego de que, en marzo, un mes después de que el Tribunal Supremo anulara la mayoría de los aranceles globales impuestos previamente, la Administración iniciara investigaciones comerciales contra 59 países y la Unión Europea bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos.
El Gobierno argumentó que dichas investigaciones buscaban identificar prácticas de trabajo forzoso dentro de las cadenas de suministro internacionales. Con base en esos procedimientos, en julio anunció nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12.5 % para importaciones provenientes de 60 países y economías, incluidos los 27 miembros de la Unión Europea, así como Canadá, Japón, Reino Unido, Guatemala, Honduras y El Salvador.
Sin embargo, los estados demandantes afirman que estos aranceles no cumplen con los requisitos establecidos en la Sección 301 y que la Administración utiliza el argumento del trabajo forzoso como justificación para mantener una política de impuestos comerciales que consideran indiscriminada.
Además, sostienen que no existe una relación directa entre los problemas de trabajo forzoso en las cadenas de suministro internacionales y la imposición de aranceles generalizados.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, una de las principales impulsoras de la demanda, señaló que, tras el fallo del Tribunal Supremo, el Gobierno intenta nuevamente imponer de forma ilegal nuevos impuestos a las familias y empresas estadounidenses mediante esta política comercial.
James recordó que el máximo tribunal determinó en febrero que el presidente no tiene autoridad para establecer aranceles amplios de manera unilateral sobre los países que decida.
