La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, planteó fortalecer Talleres Gráficos de México para producir la papelería electoral y reducir la concentración de contratos en un grupo limitado de proveedores que abastecen al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
Durante su conferencia matutina de este miércoles 28 de octubre, la mandataria cuestionó que alrededor de cuatro empresas concentren buena parte de este mercado y señaló la necesidad de revisar cómo se han asignado los contratos a lo largo de los años.
La propuesta contempla ampliar la capacidad de impresión de Talleres Gráficos de México, empresa del Estado, así como establecer mecanismos de supervisión que permitan garantizar la transparencia de sus operaciones.
Sheinbaum también indicó que, en caso de participar empresas privadas, debe existir una mayor competencia para evitar que las contrataciones permanezcan concentradas entre unos cuantos proveedores.
Como parte de este planteamiento, la presidenta pidió revisar contratos anteriores y aplicar las sanciones correspondientes si se detectan irregularidades. Además, solicitó que se investiguen los señalamientos relacionados con proveedores de material electoral.
La mandataria recordó que las controversias sobre algunas empresas del sector se remontan a años anteriores y mencionó casos registrados en el Estado de México en 1999 y 2005.
En relación con Guadalupe Taddei, presidenta del INE, Sheinbaum distinguió su trayectoria dentro de las instituciones electorales de su posterior llegada a la presidencia nacional del organismo en 2023. Explicó que su designación se realizó mediante una insaculación, después de que no se alcanzara el acuerdo necesario en la Cámara de Diputados.
“Nadie debe defender corruptelas”, sostuvo la presidenta, al señalar que cualquier posible ilícito debe investigarse y que, de existir responsabilidades, estas deben determinarse conforme a la ley.
Finalmente, Sheinbaum reiteró su petición a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar los contratos y las administraciones involucradas, incluida la de Lorenzo Córdova, con el objetivo de esclarecer desde cuándo se presentan las irregularidades señaladas y determinar si existen responsabilidades.
