El Gobierno de Estados Unidos presentó una acusación formal contra Iván C. M., alias “El Tanque”, señalado como presunto líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por su supuesta participación en una red de tráfico internacional de drogas.
De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, un jurado federal del Distrito de Columbia lo acusa de conspirar para distribuir cocaína y metanfetamina con la intención de introducirlas a territorio estadounidense, así como de posesión de un arma de fuego para facilitar actividades relacionadas con el narcotráfico.
En caso de ser declarado culpable, “El Tanque” podría enfrentar una pena mínima de 40 años de prisión y una máxima de dos cadenas perpetuas consecutivas, según la información oficial.
Las autoridades lo identifican como un presunto mando de alto nivel del CJNG y cercano a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. Además, se le atribuye haber coordinado operaciones del grupo criminal en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.
Iván C. M. fue detenido el pasado 5 de octubre en Zapopan, Jalisco, durante un operativo conjunto en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
En México, el presunto operador criminal también es investigado por delitos como homicidio, extorsión, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos, lavado de dinero, tráfico de drogas y armas, así como robo de vehículos y mercancías.
Uno de los hechos con los que las autoridades mexicanas lo vinculan es el ataque ocurrido el 1 de mayo de 2015 contra un helicóptero Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana, durante la denominada Operación Jalisco. El atentado dejó ocho militares y una agente federal sin vida.
El ataque contra la aeronave ocurrió durante un despliegue federal dirigido contra integrantes del crimen organizado en Jalisco y quedó registrado como uno de los episodios más graves de agresión contra las Fuerzas Armadas mexicanas.
Con la acusación presentada en Estados Unidos, el caso adquiere una nueva dimensión judicial. Sin embargo, los señalamientos deberán ser acreditados ante los tribunales correspondientes.
