Un exfuncionario de alto nivel de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) se declaró culpable de defraudar al gobierno de Estados Unidos por aproximadamente 194 millones de dólares, en un caso que involucra propiedades de lujo, vehículos, relojes y cientos de lingotes de oro.
El acusado fue identificado como David J. Rush, de 49 años, residente de Ashburn, Virginia. Su declaración de culpabilidad fue presentada el 6 de octubre de 2026, después de una investigación que incluyó un registro realizado por el FBI en su domicilio durante mayo.
De acuerdo con la Fiscalía del Distrito Este de Virginia, Rush habría utilizado autorizaciones gubernamentales falsas y creado un supuesto programa de acceso especial para obtener recursos federales y destinarlos a beneficio personal.
Durante el cateo de su vivienda, agentes federales localizaron 298 lingotes de oro, cuya adquisición habría representado un gasto cercano a los 46 millones de dólares, equivalente a más de 826 millones de pesos mexicanos.
La investigación también reveló que parte de los recursos obtenidos presuntamente de manera fraudulenta fueron utilizados para adquirir propiedades de lujo, relojes y vehículos de alta gama.
Rush, quien tenía autorización para manejar información altamente clasificada, también habría proporcionado información falsa sobre su formación académica y experiencia militar como parte de su trayectoria profesional.
Como parte del acuerdo derivado de su declaración de culpabilidad, el exfuncionario aceptó entregar los lingotes de oro, dinero, propiedades y otros bienes relacionados con el esquema, incluidos varios relojes y dos vehículos BMW Alpina.
El director de la CIA, John Ratcliffe, señaló que la propia agencia remitió el caso al FBI después de que una investigación interna detectara irregularidades.
La sentencia de David J. Rush está programada para el 28 de enero de 2027. El exfuncionario enfrenta una pena máxima de hasta 20 años de prisión, aunque la condena final será determinada por un juez federal.
Las autoridades estadounidenses continúan con las investigaciones para determinar el alcance total del esquema y recuperar los recursos públicos involucrados.
