Un juez federal de Massachusetts bloqueó temporalmente el procedimiento utilizado por la Administración del presidente Donald Trump para imponer multas de hasta 998 dólares diarios a determinados migrantes que permanecen en Estados Unidos pese a contar con órdenes de salida.
La medida fue ordenada por el juez de distrito George O’Toole Jr., con sede en Boston, quien suspendió la aplicación de la normativa federal utilizada para imponer estas sanciones, así como las multas emitidas bajo dicho procedimiento después del 27 de julio de 2025, mientras continúa el proceso judicial.
O’Toole consideró que los demandantes tienen posibilidades de demostrar que la normativa empleada por el Gobierno para aplicar las sanciones es ilegal.
Entre los argumentos expuestos, el juez cuestionó que las autoridades no hubieran considerado adecuadamente las circunstancias individuales de las personas sancionadas. También señaló que el cobro de las multas podría llevar a algunos afectados a una situación de insolvencia.
La demanda fue presentada en noviembre de 2025 y cuestiona una política que, de acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), habría afectado a más de 100 mil personas en Estados Unidos y generado multas por aproximadamente 84 mil millones de dólares desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.
De acuerdo con Legal Aid Society, entre las personas sancionadas se encuentran migrantes que han solicitado legalmente algún tipo de alivio migratorio, quienes cumplen con órdenes de supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así como personas que argumentan no poder regresar de manera segura a sus países de origen.
El caso incluye a dos mujeres identificadas como Maria L., de Massachusetts, y Nancy M., de Florida, quienes enfrentaron sanciones de cientos de miles de dólares. En uno de los casos, la multa llegó a alcanzar aproximadamente 1.8 millones de dólares.
La organización señaló que ambas permanecieron en Estados Unidos mientras buscaban obtener un estatus migratorio legal y mantenían contacto con las autoridades correspondientes. Una de ellas posteriormente obtuvo una visa de inmigrante y fue admitida como residente permanente legal.
La Administración Trump retomó a principios de 2025 la aplicación de una disposición migratoria que permite imponer multas civiles a determinados migrantes que no abandonen Estados Unidos después de recibir una orden de remoción o una orden de salida voluntaria.
Posteriormente, en junio de 2025, el DHS y el Departamento de Justicia modificaron el procedimiento para imponer y apelar estas sanciones. Entre los cambios se eliminó la obligación de emitir previamente una notificación de intención de multa y se redujo el plazo disponible para impugnar las sanciones.
El fallo representa, por ahora, un freno a este mecanismo de sanciones mientras continúa el litigio en los tribunales federales.
