
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, advirtió que las acciones de Washington contra las redes vinculadas al Cártel de Sinaloa no se limitarán a sus principales líderes, sino que también alcanzarán a quienes, de acuerdo con investigaciones estadounidenses, faciliten sus operaciones.
La declaración ocurrió luego de las recientes sanciones anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra 21 personas y 25 empresas relacionadas, según las autoridades estadounidenses, con la facción conocida como La Mayiza, encabezada por Ismael Zambada Sicairos, alias ‘Mayito Flaco’.
Johnson señaló que la estrategia busca afectar a distintos integrantes de estas estructuras, incluidos traficantes, presuntos lavadores de dinero, empresas señaladas como fachadas y funcionarios que presuntamente faciliten sus actividades.
El diplomático sostuvo que las sanciones tienen como uno de sus principales objetivos debilitar las estructuras financieras de estas organizaciones y limitar su capacidad para continuar operando.
Entre las personas incluidas en las sanciones estadounidenses se encuentran Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila; Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, y Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario de Aduanas y exasesor legislativo del gobierno estatal. Los señalamientos corresponden a la OFAC.
Johnson también recordó que Estados Unidos mantiene recompensas de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de Alfonso Arzate García, ‘Aquiles’; René Arzate García, ‘La Rana’, y Juan José Ponce Félix, ‘El Ruso’.
El embajador afirmó que Washington pretende identificar y afectar no solamente a quienes encabezan estas estructuras, sino también a las personas y mecanismos que, según sus investigaciones, permiten que continúen funcionando.
Las autoridades estadounidenses mantienen el seguimiento de las personas y empresas incluidas en las recientes sanciones, mientras que en México las investigaciones y posibles responsabilidades deberán determinarse por las instancias correspondientes.





