El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, amplió este martes sus medidas contra la Corte Penal Internacional (CPI) al imponer sanciones contra su presidenta, Tomoko Akane, y contra el abogado de la fiscalía del tribunal, Abdoulaye Seye.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro informó que las sanciones entraron en vigor este martes y estableció un periodo limitado para realizar operaciones relacionadas con cuentas y transacciones de las personas sancionadas hasta el 17 de septiembre.
Las medidas también contemplan restricciones para determinadas operaciones con entidades en las que Akane o Seye tengan, directa o indirectamente, una participación igual o superior al 50 por ciento.
Trump endurece su postura contra la CPI
La decisión forma parte de la ofensiva de la administración Trump contra la Corte Penal Internacional, organismo al que Washington acusa de exceder sus atribuciones y actuar en contra de la soberanía de los Estados.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sostuvo que la CPI es un tribunal “corrupto y profundamente politizado” y afirmó que Estados Unidos no permitirá acciones que, desde su perspectiva, atenten contra su soberanía.
Las nuevas sanciones se suman a otras medidas adoptadas por la administración Trump contra funcionarios de la CPI.
Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha impulsado una política de presión contra el tribunal y en febrero firmó una orden ejecutiva en la que calificó determinadas actuaciones de la CPI como una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.
Entre los asuntos que han provocado mayor tensión se encuentran las investigaciones de la CPI sobre presuntos crímenes cometidos por integrantes de las fuerzas estadounidenses en Afganistán, así como las órdenes de arresto emitidas contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con la guerra en Gaza.
Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de la CPI sobre sus ciudadanos debido a que no es parte del Estatuto de Roma. Washington mantiene una postura similar respecto de Israel, que tampoco forma parte del tratado que creó el tribunal.
