Martín Martínez, síndico municipal de Ocosingo, fue desaforado este miércoles, a solicitud de la Fiscalía General del Estado (FGE) así como por la Fiscalía General de la República (FGR).
Ambas instituciones realizan por investigaciones relacionadas con presuntos delitos del fuero común y federal como, extorsión, portación de armas y desaparición forzada.
Durante una sesión extraordinaria a puerta cerrada, la LXIX Legislatura aprobó el dictamen emitido por la Comisión de Justicia que autoriza el retiro del fuero constitucional del funcionario, permitiendo que enfrente cargos tanto del fuero común como federal.
Aunque el Congreso local no reveló detalles específicos sobre los delitos imputados, fuentes oficiales confirmaron que el desafuero responde a una carpeta de investigación por desaparición forzada, además de los hechos ocurridos el pasado 3 de mayo, cuando el síndico fue detenido en flagrancia por violar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Ese día, elementos de la FGE y la Secretaría de Seguridad del Pueblo interceptaron a Martín “N” cuando circulaba sobre la carretera Palenque–Benemérito de las Américas, según un comunicado de la institución.
Durante una inspección corporal y al vehículo, se le aseguró un arma de fuego con un cargador abastecido con 18 cartuchos útiles, así como otro cargador vacío; derivado de esto, el detenido, el arma y el vehículo fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).
Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso, declaró que el Poder Legislativo atendió “una solicitud formal” de la FGE.
“Se llevó a cabo el desafuero de un servidor público, del que ya había dictaminado la Comisión de Justicia, y que el pleno tuvo a bien aprobar”, dijo.
Por su parte, la presidenta municipal de Ocosingo, Angélica Méndez Cruz, se deslindó públicamente de los hechos el pasado 5 de mayo, al señalar que la detención del síndico no estaba relacionada con su administración.
Martín “N” permanecerá en detención mientras avanzan las investigaciones en su contra.
Hasta ahora, no se ha informado sobre el estatus procesal detallado ni si se han emitido órdenes de aprehensión relacionadas con el caso de desaparición forzada.