La Corte Suprema de Estados Unidos decidió el martes desestimar la demanda presentada por dos empresas estadounidenses de armas de fuego contra el Gobierno mexicano, que las acusa de ayudar al tráfico ilegal de armas de fuego a los cárteles de la droga y de fomentar la violencia armada en el vecino del sur de Estados Unidos.
El fabricante estadounidense de armas de fuego Smith & Wesson SWBI.O y el distribuidor Interstate Arms han apelado la decisión de un tribunal inferior de que la demanda podía seguir adelante afirmando que México alegó de forma plausible que las empresas ayudaron e instigaron la venta ilegal de armas, perjudicando al gobierno mexicano.
Los argumentos ante los jueces llegan en un momento tenso para las relaciones entre Estados Unidos y México, luego de que presidente Donald Trump impuso aranceles a los productos mexicanos y acusó a México de hacer muy poco para detener el flujo de drogas sintéticas como el fentanilo y la llegada de inmigrantes a la frontera.
La cuestión es si la demanda de México debe ser desestimada en virtud de una ley federal de 2005 llamada Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, que protege ampliamente a las empresas de armas de la responsabilidad por los delitos cometidos con sus productos, o si la supuesta conducta de las empresas queda fuera de estas protecciones, como consideró el tribunal inferior.
La demanda de México, presentada en Boston en 2021, acusaba a las empresas de armas de violar varias leyes estadounidenses y mexicanas. México afirma que las empresas han mantenido deliberadamente un sistema de distribución que incluía a vendedores de armas de fuego que, a sabiendas, vendían armas a testaferros que luego traficaban con armas a los cárteles en México.
La demanda también acusa a las empresas de diseñar y comercializar ilegalmente sus armas como si fueran de grado militar para aumentar la demanda entre los cárteles, incluso asociando sus productos con el Ejército y las fuerzas de seguridad estadounidenses.
La mayoría de los 180,000 homicidios con armas en México, un país con estrictas leyes sobre armas de fuego, entre 2007 y 2019 se cometieron con armas traficadas desde Estados Unidos, según los documentos judiciales.
Las compañías de armas argumentan que no han hecho más que fabricar y vender productos legales.
