Grupo armado vinculado a crimen organizado causó éxodo masivo en Tila, acusan ejidatarios autónomos

Ejidatarios autónomos a los que se acusa del éxodo masivo de la población de Tila, ubicado en la zona norte de Chiapas, explicaron en entrevista que desde el año 2021 se formó en el lugar un grupo llamado “Karma”, donde participan ex integrantes del grupo paramilitar Paz y Justicia; este grupo habría realizado varios ataques y asesinatos contra la población y autoridades autonomas indígenas de la etnia ch´ol, por lo que el 4 de junio pasado, tras el asesinato del campesino Mateo Pérez López, los ejidatarios decidieron defenderse.

El grupo “Karma” se enfrentó durante tres días contra ejidatarios autónomos. Los ejidatarios autónomos -como respuesta a lo que consideran inacción de las autoridades a las que previamente les habían solicitado su intervención- decidieron quemar 17 negocios y viviendas de los líderes del grupo armado al que acusan de disfrazar una controversia agraria con negocios como la venta de droga y cobros de piso.

Según narraron los ejidatarios autónomos -quienes forman parte del Congreso Nacional Indígena (CNI) y trabajan en el proceso de construcción de su autonomía que tiene como referente el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)- tras los ataques y enfrentamiento, el grupo “Karma” difundió el rumor entre la población de Tila de que “los autónomos” iban a quemar todas las viviendas y quitarles sus propiedades, por lo que a la entrada del ejército mexicano, la población decidió salirse en un éxodo masivo.

Los ejidatarios autónomos detallaron que esto fue un rumor que metió miedo a la población, que ellos sólo se defendieron contra los líderes del grupo armado, y que la presencia del ejército había sido solicitada por los mismos ejidatarios, como un intento de contener al grupo “Karma”.

Añadieron que su lucha es por el reconocimiento de 130 hectáreas de tierra como propiedad ejidal, y que hay un acuerdo de la asamblea de respetar las propiedades a los pobladores de Tila, según manifestaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuando esta instancia resolvió la controversia agraria a su favor.

El grupo de indígenas ejidatarios autónomos de Tila fueron entrevistados en el poblado donde poco a poco empieza a retornar la población. La entrevista se dio bajo medidas de seguridad, porque en ellos existe el temor de ser asesinados. Pidieron que no se les grabara los rostros y que se distorsionaran sus voces.

Para los ejidatarios autónomos, todos indígenas de la étnia ch´ol, esta historia de violencia reciente empezó en el año de 1994, cuando en el marco del alzamiento del EZLN, en la zona norte de Chiapas se formó como grupo contrainsurgente o paramilitar, quienes serían conocidos como Paz y Justicia y se enfrentaron a la población que consideraban era base de apoyo zapatista, con un saldo de decenas de personas asesinadas y población desplazada.

Tras la masacre de Acteal el gobierno reconoció la existencia de estos grupos armados, pero fue hasta 2002 que se desarticuló a Paz y Justicia, y encarceló a su principal líder, Samuel Sánchez Sánchez.

“Son los mismos que siguen hasta hoy en día. Estas son las raíces de los nietos y bisnietos de los paramilitares que hoy siguen lo que es la violencia, que que aunque siguen provocando al ejido”, dijo uno de los ejidatarios autónomos.

“Les será reconocido su derecho de posesión”, dicen ejidatarios a pobladores

La actual controversia que hay en el ejido Tila es por la demanda de los ejidatarios autónomos para que se les reconozca como tierra ejidal lo que ahora es oficialmente es la cabecera municipal; se trata de 130 hectáreas que forman parte de los terrenos ejidales que legalmente les pertenecen según una resolución presidencial de 1934.

Desde ese año autoridades municipales se inconformaron por esta resolución e intentaron modificar los planos ejidales, lo que llevó a los ejidatarios a interponer una controversia ante los tribunales agrarios y ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instancia que en el 2013 les concedió la razón a los ejidatarios y ordenó a las autoridades estatales la ejecución del dictamen, lo que significaba la entrega de tierras a su favor.

Esto motivó incertidumbre en los pobladores no ejidatarios que ya tenían sus viviendas y negocios en este lugar. Sin embargo, los ejidatarios manifestaron que no era su objetivo expulsarlos y establecieron un “acuerdo social”, en el que señalan que su única intención es que en el lugar se gobierne bajo los acuerdos de la asamblea ejidal, según señala la Constitución.

El 1 de abril de 2013, en una carta que dirigen a la SCJN los ejidatarios señalan: “… ellos se preguntan si es el derecho de los que viven en el pueblo o de los ejidatarios, pero somos lo mismo. Ya lo hemos dicho que la gran mayoría de los que viven en Tila son familias de ejidatarios que son parte de nuestra asamblea y los que no son también les será reconocido su derecho de posesión”.

De acuerdo con los ejidatarios autónomos, un grupo de pobladores, influidos por los ex integrantes y descendientes de quienes formaron el grupo Paz y Justicia -y a quienes acusan de formar al grupo “Karma”- son quienes durante estos años han sembrado la duda y la discordia entre la población no ejidataria de Tila, haciéndoles creer que los ejidatarios autónomos los expulsaran de sus casas.

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